26 marzo, 2015 9:54


Concejales analizan alternativas al disparatado aumento del gas envasado

Luego de la estampida en los precios de la garrafa de gas que llegó a los $ 95 desde el sábado pasado, el presidente del bloque de concejales del oficialismo, Diego Lascurain, indicó que mañana, en la sesión, podrían discutir el envío de un camión cargado con garrafas a la planta de Extra Gas para abastecer a los barrios. “Es inaceptable, las plantas reciben un subsidio para vender a determinado precio. No es justo que se queden con el gas subsidiado y encima cobren un sobreprecio. Hasta roza con lo delictivo”, explicó el edil a DIARIOJUNIO. La alternativa se plantea ante la orfandad en la que se encuentran los consumidores a pesar de que se estableció un acuerdo a nivel nacional donde se estipularon los precios para las garrafas de 10,15 y 20 kg. Y las sanciones para quienes infrinjan esa normativa. A pesar de ello, la secretaría de Energía no controla absolutamente nada.

A título personal, sin comprometer al bloque y consultando al Ejecutivo, Lascurain señaló que “ante la práctica desleal y la necesidad de la gente” se podría implementar esa forma mencionada de abastecer los barrios. Las garrafas que se venden en la planta tienen un costo significativamente menor que las que se ofrecen en los comercios minoristas. “Son absolutamente desleales por parte de las plantas que pretenden hacer negocios con la gente más necesitada, más vulnerable que tiene que recurrir al gas envasado lamentablemente”, indicó.

El sobreprecio en las garrafas no es un tema nuevo para el Concejo Deliberante. Lascurain sostuvo que “las empresas hacen estas maniobras y aprovechan los primeros fríos, cuando empieza a necesitarse con mayor frecuencia”. “Ya estamos enterados de esta situación y seguramente en el día de mañana, previo a la sesión, se va a tratar el tema”, dijo.

Lascurain recordó que el año pasado el ex concejal Abel Ormazabal utilizó la Banca del Pueblo para protestar por el comportamiento de las empresas que distribuyen el gas envasado. Ormazabal pidió en esa oportunidad declarar a Flama Gas “empresa no grata a la población de Concordia” y “enviar lo expuesto a la Secretaría de Energía de la Provincia y de la Nación, al ministro de Gobierno de Entre Ríos detallando el incumlimiento de las leyes nacionales Nº 26741 y Nº 26.020 sobreprecio, maltrato y desabastecimiento para que actúen en consecuencia con las empresas Amarilla Gas y Total Gas”.

Entre los argumentos que expuso, señaló que fue a Flama Gas el 1º de marzo de 2014 a buscar una garrafa y se encontró con un cartel que decía que no había gas. Volvió el 8 y se encontró con el mismo cartel. Pero, al mismo tiempo, observaba que salían camionetas repletas de gas hacia los domicilios que los solicitaban. “Nos informamos de esa metodología que habían implementado las distribuidoras Total Gas- Amarilla Gas y Flama Gas”.

¿Cual era la diferencia en ese momento entre retirar la garrafa y recibirla a domicilio? Retirándola en planta costaba $ 16 y a domicilio se iba a $ 48. Ormazabal indicó que del 15 al 20 % de la población tiene gas natural en Concordia. “Lo que significa que de 140.000 a 150.000 habitantes están rehenes de este método”, indicó en la presentación. Además señaló que la compra de Repsol por 5.000 millones de dólares y Pampa Gas por 800 millones de dólares apunta a garantizar energía para la industria y los hogares argentinos. “Este accionar de esas empresas aumentando el precio interno de gas en garrafas boicotean de una manera directa lo propuesto por esta ley”, señaló el ex edil. Luego de exposición, las plantas “empezaron a regularizar la situación”, sostuvo Lascurain.

El acuerdo de estabilidad de precios del gas envasado firmado en abril de 2014 establecía que los precios de venta de las garrafas de 10 kg. era de $ 16, para las de 20 kg. era de $ 20 y para las de 15 kg de $ 25. “Dichos precios son aplicables a la totalidad de las ventas en mostrador quedando expresamente prohibido cobrar suma adicional por cualquier otro concepto” se establece en otro párrafo.

Dentro del acuerdo se estableció que ante cualquier incumplimiento de los precios de venta a los usuarios de parte de fraccionadores o distribuidores se debía establecer una multa de hasta el 20 % de del costo de una tonelada de gas licuado a nivel mayorista por cada envase vendido. Si se reiteraba la infracción en un plazo menor a los 12 meses se debía aplicar otra multa de hasta el 50 % del costo de la tonelada de gas licuado y ante la segunda reiteración se debía suspender en el Registro Nacional de la Industria de Gas Licuado al comercio por un año.

De la misma forma, se establecía que cuando se efectuaran denuncias por falta de abastecimiento de empresas fraccionadoras y/o distribuidoras realizadas por usuarios residenciales, gobiernos provinciales y/o municipales u organismos de Defensa del Consumidor que afectaran a una zona o región del país siempre y cuando dichas denuncias fueran verificadas y significativas por la magnitud de las mismas y por el volumen comprometido, la Secretaría de Energía procederá a suspender del pago de las compensaciones correspondientes a las empresas fraccionadoras y o distribuidoras hasta que se regularicen las condiciones de abastecimiento. Además la empresa infractora puede ser pasible de la aplicación de una multa de hasta cien veces el costo de una tonelada de gas licuado a nivel mayorista.


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