Dentro de la desregulación absoluta con la que trabajan las inmobiliarias en Concordia, más parecida a la de la década menemista que al proceso político actual, la sola existencia de un proyecto de ordenanza, cuya concreción está más lejana que cercana debido a la complejidad del mismo, encendió una luz de alerta entre los participantes del rubro.

El Colegio de Corredores Públicos Inmobiliarios de Entre Ríos envió una nota al Concejo Deliberante vetando la creación de una inmobiliaria municipal. El argumento es que los empleados y funcionarios públicos están inhabilitados para ejercer como corredores inmobiliarios. La respuesta del autor de la iniciativa, el vicepresidente del Concejo Deliberante, Mariano Giampaolo, es que no se busca competir sino intervenir para que los precios tiendan a la baja.

Actualmente las inmobiliarias establecieron para los alquileres subas cada seis meses cuando lo usual era que recién a los 12 meses se efectuaba una actualización del precio. Pero además algunas exigen tres meses por adelantado: el mes entrante, otro mes como fondo de garantías y otro en concepto de comisión inmobiliaria. A eso hay que añadir la reevaluación de los precios de los terrenos en toda la ciudad, tasados en dólares en muchos casos.

En medio de un mercado determinado por la falta de viviendas y la imperiosa necesidad de las mismas a la que se suma la falta de control de los precios, las actualizaciones y los requisitos para acceder a los inmuebles, la aparición del proyecto de ordenanza de inmobiliaria municipal generó una respuesta por escrito del Colegio de Corredores Inmobiliarios demostrando una preocupación ante esa posibilidad que no se vio en ocasiones anteriores. Por ejemplo cuando los ediles los convocaron por la preocupación de los aumentos de los alquileres comerciales en la zona céntrica.

El argumento principal que blande el Colegio es que la ley provincial Nº 9.379, en su Capítulo III, establece que “están inhabilitados para ejercer como corredor inmobiliario: los legisladores nacionales, provinciales y municipales; los empleados de la administración pública nacional, provincial o municipal y de os entes descentralizados”.

“De modo tal que la institución que representamos se opone a la creación de una inmobiliaria pues precisamente para ejercer en nuestra provincia la profesión de corredor público inmobiliario, además del título profesional y la matrícula pertinente, es indispensable no pertenecer a ninguna de las áreas de la administración pública y la iniciativa mencionada va en contra de expresas y precisas normas provinciales y municipales”, se señala en la nota firmada por José María Armandola, presidente del Colegio de Corredores.

El concejal Mariano Giampaolo, autor del proyecto de ordenanza cuestionado, explicó que quería llevar tranquilidad a los corredores inmobiliarios debido a que no están pensando en “competir” con los negocios del rubro. Además sostuvo que se los piensa convocar para discutir el proyecto.

El edil sostuvo que el objetivo es influir en las condiciones que rigen actualmente en el mercado. Esto es la ley de oferta y demanda. “Lamentablemente están llevando los precios al alza de pequeños terrenos que cuestan realmente una fortuna o los precios de los alquileres”, indicó.

También objetó las dificultades para reunir los requisitos que se exigen para alquilar un pequeño inmueble. “Se requieren hasta tres garantes, que sea propietarios y que tengan un determinado nivel de ingresos que realmente le lleva a la sociedad una fuerte preocupación porque cada vez es más difícil lograr los requisitos mínimos para alquilar”, dijo.

Giampaolo señaló se guía por la “política progresista” que impulsó el ejecutivo en estos últimos años consistente en la adquisición de grandes espacios de tierra para ofrecer lotes o inmuebles precios o con financiaciones accesibles. Y que existen ejemplo de otros municipios como el de Berazategui (Buenos Aires) donde el municipio opera en el mercado inmobiliario sin ser una inmobiliaria más. “Llevando los precios a la baja o habilitando requisitos más flexibles”, dijo.

Además señaló que se trata de una iniciativa pensada más en ser aprobada y aplicada a mediano plazo que a corto. Por un lado, ya que se necesita de un “fuerte esfuerzo municipal presupuestario” además de decisiones “políticas coordinadas entre Nación, Provincia y municipio”. Asimismo, dijo que la inmobiliaria municipal no se puede establecer “simplemente redactando una nota”.

“Los corredores inmobiliarios no deberían estar preocupados y en cambio deberían hacer todos los esfuerzos para dialogar con los propietarios para tratar de flexibilizar lo más posible los altos requisitos que se exigen”, dijo. Y reclamó que deberían velar para que “los precios no hagan una escalada que a veces no se condicen con la realidad”.

Sobre el tema de fondo, los abusos, en la nota se hace una breve referencia. “La solución no pasa por la creación de una inmobiliaria municipal sino por la impulsión por parte del Estado de una política habitacional adecuada, tal como lo constituyen los planes de crédito Procrear acordados por el Estado nacional”, señalaron.

“Además de ello, la creación de este organismo no garantiza la estabilidad de los precios y el freno a los atropellos de la oferta y la demanda en el mercado, siendo probable que su efecto sea contraproducente, teniendo en cuenta los numerosos factores políticos y económicos que impactan en el mercado inmobiliario y que afectan a propietarios, locadores e inquilinos por igual”, se indicó en el escrito.

Cabe preguntarse si las inmobiliarias locales no se sentirían más a gusto con proyectos de ordenanza como el del Jefe de Gobierno de Buenos Aires, Mauricio Macri, quien lanzó el programa «Alquilar se puede». Una iniciativa que busca, según la página web del gobierno porteño, «ayudar a aquellas familias jóvenes que residan o trabajen en la ciudad de Buenos Aires y a estudiantes del interior, a acceder a un contrato formal de alquiler». Pero las voces detractoras señalan que Macri no pretende regular el mercado inmobiliario, no exige que se cumpla la ley y tampoco genera condiciones más justas para el inquilino sino que por el contrario garantiza el status quo otorgando «un préstamo personal que es apenas más bajo que el que ofrece cualquier banco». (DiarioJunio)