A una semana de la histórica movilización, ya se implementaron numerosas acciones oficiales contra la violencia de género en todo el país. Por Sofía Caram.

Fue un grito. Uno solo. Un grito que atravesó las gargantas de toda la Argentina con un objetivo común: «Ni una mujer menos. Basta de femicidios. Las queremos vivas». El contenido simbólico que aportó la masividad de la convocatoria fue contundente. Pero en las primeras horas posteriores al 3 de junio, sobrevolaban las preguntas por el sentido real de la marcha. Y después de esto, ¿qué? ¿Servirá para lograr algo concreto? ¿Qué va a pasar el día después? Así como sorprendió y superó las expectativas el nivel de participación popular, no es menos sorprendente la rapidez con que aparecieron las primeras medidas concretas oficiales para la lucha contra la violencia sexista.

PODER JUDICIAL Y ESTADO NACIONAL

Menos de veinticuatro horas después del #3J, se conoció la convocatoria de la vicepresidenta de la Corte Suprema de la Nación, Elena Highton de Nolasco a las autoridades de las cortes de todas las provincias y a las cámaras federales, para trabajar en la confección del Registro de Femicidios de la Justicia argentina. La resolución, publicada en el Centro de Información Judicial (CIJ), aclara que serán incluidas todas las causas de violencia de un varón contra una mujer, incluso las que no hayan sido caratuladas como femicidio. El sistema será online y «permitirá que las distintas jurisdicciones publiquen los datos de las causas iniciadas durante el año 2014 por homicidios de mujeres (niñas, adolescentes y/o adultas) perpetrados por varones, por razones asociadas con su género, hayan sido tipificadas como femicidio o no».

Desde el Gobierno Nacional también anunciaron la elaboración de estadísticas oficiales. Bajo la órbita de la Secretaría de Derechos Humanos funcionará la Unidad de Registro de Femicidios. Allí estarán detallados los femicidios íntimos, no íntimos, familiares e infantiles, los vinculados o por conexión y los sistémicos, es decir, aquellos que se dan en el contexto de crímenes masivos. Además serán incluidos en la nómina los asesinatos en contextos de trata o tráfico de migrantes; por prostitución, por mutilaciones sexuales y homicidios por lesbofobia o transfobia.

Por su parte, la presidenta del Consejo Nacional de las Mujeres, Mariana Gras, prometió que «para fin de año o principio del año que viene» tendrán números precisos, como lo establece la ley. Ante la consulta de El Destape, Fabiana Tuñez, directora de la Casa del Encuentro -el único organismo que elabora índices de femicidios, que no son oficiales- reclamó que estos anuncios se unifiquen y haya un solo registro.

LAS PROVINCIAS

La gobernadora de Santiago de Estero anunció la creación del primer juzgado exclusivo para casos de violencia de género. Claudia Ledesma de Zamora envió un proyecto de ley a la legislatura local para crear el Juzgado de Violencia Familiar y Contra la Mujer. La mandataria explicó que la iniciativa «se encuentra en la última etapa de revisión técnico legal» y afirmó que «significará un importante antecedente en esta materia, a nivel regional». Santiago del Estero, en relación con su tasa poblacional, es una de las provincias con mayores niveles de violencia contra las mujeres del país.

En Chaco, representantes del Ejecutivo y el Poder Judicial se reunieron para coordinar nuevas herramientas preventivas y de asistencia. El Ministerio de Desarrollo Social y la Justicia local se comprometieron a poner en funcionamiento un sistema de seguimiento conjunto de expedientes. Además, también analizaron la elaboración de un mapa de denuncias de casos de violencia, para sumar presencia policial en los casos donde se haya dictado una orden de restricción.

La Legislatura porteña aprobó esta semana un proyecto de ley para que las Unidades Fiscales Especializadas en Violencia Doméstica, dependientes del Ministerio Público Fiscal de la Ciudad, funcionen con el rango de ley. Según Cristina Ritondo (PRO), autor de la iniciativa, «esto facilita el acceso a la Justicia y permite denuncias en forma oral, escrita, digital o telefónica. A su vez, contar con personal capacitado para recepcionar, orientar y canalizar las denuncias».

Por otra parte, se votó la instauración de la «Semana de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres», entre el 25 de noviembre y el 1° de diciembre de cada año. En tanto, La Unión de Trabajadores de la Educación (UTE) presentó junto a un grupo de legisladores porteños un proyecto de ley para incorporar la licencia por violencia de género al estatuto docente de la Ciudad de Buenos Aires. En la actualidad, las maestras que son agredidas por sus parejas tienen que pedir licencia por enfermedad o psiquiátrica. Desde el gremio explicaron que esto estigmatiza a las víctimas e incluso puede perjudicar a las mujeres en los procesos judiciales, al momento de reclamar la tenencia de los hijos.

A partir de ahora en Mendoza, por ley el Estado deberá garantizar asistencia jurídica a las víctimas. Es porque el Poder Ejecutivo local reglamentó la normativa aprobada en marzo de este año, que establece la creación de un Cuerpo de Patrocinio Jurídico Gratuito para mujeres víctimas de violencia.

En Neuquén, la Municipalidad de Rincón de Los Sauces informó que en menos de veinte días quedará inaugurado un refugio para las mujeres que estén en riesgo. El anuncio fue hecho por el intendente en medio de la movilización del 3 de junio, que al igual que en casi todo el país tuvo fuerte participación en esa localidad patagónica.

Universidades

El Consejo Superior de la Universidad de Buenos Aires (UBA) aprobó un protocolo para accionar frente a denuncias de violencia sexista, discriminación y acoso sexual. Fue propuesto por la organización estudiantil La Mella y entrará en vigencia dentro de los próximos seis meses. La Universidad Nacional de Rosario y la del Comahue ya tienen un protocolo similar. En la Universidad Nacional de La Plata se puso en marcha un espacio de atención interdisciplinaria, mientras que en la de San Martín ya funciona, desde el año 2013, un programa específico de asistencia a víctimas de violencia de género.

Línea 144

Tras la movilización, la línea de asistencia telefónica nacional tuvo que sumar 50 operadoras por el incremento de la demanda. El promedio de llamados era de 1500 por día. Después del #NiUnaMenos la cifra se elevó a 13.700. Un verdadero aluvión de consultas y denuncias. Mariana Gras, señaló que «el 30 por ciento de los llamados son de personas que viven situaciones de violencia; el 40 por ciento son familiares y amigos que buscan ser asesorados y un 30 por ciento son personas que quieren constatar que la línea funcione de manera correcta».

A pesar de la masividad de la movilización y de los resultados inmediatos, Fabiana Tuñez le dijo a El Destape que «desde el 3 de Junio a la fecha, tuvimos una cantidad muy importante de mujeres asesinadas en todo el país». La dirigente fue contundente a la hora del balance del #NiUnaMenos: «una primera reacción de los diferente sectores fue muy buena. Pero quedan más temas pendientes, que esperamos se resuelvan en los próximos meses. Lo fundamental tiene que ver con el cumplimiento completo del artículo de la ley 26.485, que establece la elaboración del plan nacional para la erradicación de la violencia de género, con la elaboración de programas específicos dotados de presupuesto. Vamos bien, pero vamos por más. Vamos por todo».