El intendente de Santa Elena Silvio Moreyra, presentó una denuncia penal ante la Procuración General contra el ex presidente municipal de la localidad, Domingo Daniel Rossi, y/o quienes resulten penalmente responsables por la probable comisión de los delitos de “fraude a la administración pública”, “abuso de autoridad”, “violación de los deberes de funcionario público” y “negociaciones incompatibles con el ejercicio de la función pública”.

La acusación se debe a serias irregularidades detectadas en la adjudicación y la ejecución de “una obra pública cuyo costo supera los 20 millones de pesos, financiados por la Nación, para la construcción de 20 cuadras de asfalto en Santa Elena, de los cuales la empresa contratada ya cobró el 100 por ciento, no obstante, a los pocos meses de haber sido concluidos los trabajos de ejecución se constataron daños físicos de gravedad en distintos tramos de la obra”, según indica la denuncia.

Además de Rossi, se pide investigar el accionar del ex secretario de Gobierno, Roberto Carlos Méndez, de la funcionaria a cargo de Contaduría Municipal, María Inés Martínez, y al responsable del Área de Obras Públicas, Adolfo Zenón Ortíz.

Según pudo conocer Análisis Digital el actual intendente de Santa Elena presentó ante el procurador General del Superior Tribunal de Justicia (STJ), Jorge García, una denuncia penal contra su antecesor en el cargo, Domingo Daniel Rossi, “ante la presunta comisión de conductas penalmente reprochables, de acuerdo a la facultad dispensada por el Código Procesal Penal de la Provincia de Entre Ríos, y con el objeto de impulsar su investigación por parte de esta sede jurisdiccional”.

La presentación también comprende a quienes “resulten penalmente responsables por la probable comisión de los delitos de fraude a la administración pública, abuso de autoridad, violación de los deberes de funcionario público y negociaciones incompatibles con el ejercicio de la función pública, tipificados respectivamente en los artículos 174 inciso 5°, 248, 249 y 265 del Código Penal y/u otros posibles actos delictivos previstos en nuestro Código represivo” y solicita que “en caso de ser comprobado el hecho denunciado, se condene a su/s autor/es al máximo de la pena prevista, la que deberá hacerse extensiva a todas aquellas personas a cuyo respecto, según el curso de la investigación, puedan surgir en calidad de coautores y/o participes de las conductas denunciadas”.

Ante ello, el jefe comunal solicitó “la apertura de la causa, dando inicio a la Investigación Penal Preparatoria con la mayor celeridad, recolectando los elementos esenciales que permitan formar apreciación preliminar acerca del/los hecho/os punible/es, su calificación legal, la individualización y condiciones personales de los partícipes del mismo”.

En el texto de la denuncia se especifica que “se trata de la ejecución de una obra pública cuyo costo supera los 20 millones de pesos, financiados por la Nación, para la construcción de 20 cuadras de asfalto en la ciudad de Santa Elena, de los cuales la empresa contratada ya cobró el 100 por ciento no obstante lo cual a los pocos meses de haber sido concluidos los trabajos de ejecución se constataron daños físicos de gravedad en distintos tramos de la obra, vicios constructivos que no se compadecen en modo alguno con la gran inversión destinada a la ejecución de la misma ya que la obra no responde efectivamente a lo requerido constituyendo un verdadero engaño con el consiguiente perjuicio al Estado”.

“Nos encontramos frente a una conducta administrativamente irregular y potencialmente disvaliosa desde el punto de vista del derecho penal, extremos que justifican por si mismos instar la acción de la justicia y promover la investigación exhaustiva de estos comportamientos con el objeto de dilucidar si encuadran en tipos penales expresamente contenidos en nuestra legislación penal y resultan por ende pasibles de reproche penal efectivo”, puntualizó el actual jefe comunal en su presentación.

En ese marco, denunció “violación al régimen de contrataciones previsto por el régimen municipal Ley 10.027; omisión de llamado a licitación pública; contratación dirigida y direccionamiento en la adjudicación de obra; sobreprecios y vicios constructivos”.

De acuerdo a los hechos expresados, “en fecha 12/12/2014 la Municipalidad de Santa Elena suscribió el Convenio de Colaboración y Transferencia con la Subsecretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda de la Nación dependiente de la Secretaría de Obras Públicas del Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios y el Superior Gobierno de la provincia de Entre Ríos, que tenía como objeto la asistencia financiera a través del Programa “Más Cerca, Más Municipio, Mejor País, Más Patria” para la realización de la obra denominada “20 cuadras de pavimento” en la localidad de Santa Elena, con un plazo de ejecución de seis (6) meses y por un monto máximo de 20.035.724,85 pesos”.

Con posterioridad, a través del decreto del Ejecutivo Municipal de Santa Elena, el 9 de enero de 2015 se dispuso la adjudicación de la obra a la empresa L&C Construcciones S.A., con domicilio en calle Manuela Pedraza N° 556 de la ciudad de Paraná.

Entre las irregularidades detectas se constata “que tanto la adjudicación como el control y supervisión de ejecución de la obra, los pagos y las rendiciones de cuentas de fondos transferidos fueron efectuados en forma directa por el Departamento Ejecutivo Municipal de Santa Elena” y además “el presupuesto oficial de la obra fue fijado en la “suma máxima” de 20.035.724,85 pesos, suma que finalmente se fijó como precio oficial de la obra, la que fuera íntegramente cancelada a la fecha 23/11/2015”.

Se expuso también en el texto de la denuncia que luego de asumir Moreyra la intendencia de Santa Elena se verificaron “daños y deficiencias de gravedad en distintos puntos de la obra ejecutada” por lo que se intimó a la empresa L&C Construcciones S.A. que “reconoció expresamente la existencia de los daños e incluso de reclamos previos por parte del municipio” y si bien en un primer momento intentó deslindar sus responsabilidad, terminó acordando el arreglo de la obra.

Por todo lo expresado, se advirtieron “numerosas irregularidades y responsabilidades propias inobservadas por parte de todos los funcionarios intervinientes en el proceso de planificación, licitación, adjudicación y ejecución de la obra, las que lejos de poder calificarse como meras “desprolijidades” constituyen groseros incumplimientos a las normas vigentes alevemente violentadas, pudiendo encuadrarse dichas conductas en “abuso de autoridad” y “violación de los deberes de los funcionarios públicos”, además claro está del “fraude” en perjuicio de la administración pública”.

También se expresa que “existe una palmaria violación del Estado Municipal a las normas que regulan las Contrataciones Públicas” y se pide “investigar las conductas de los funcionarios públicos intervinientes por “falsedad ideológica” en relación al documento “Acta de recepción provisoria de obra” de fecha 15/09/2015, cuya validez fue oportunamente cuestionada por el municipio en razón a los vicios que adolece ya que según surge del contenido de dicho instrumento se encontrarían presentes en el acto “… el presidente municipal interino Méndez, Roberto Carlos” no obstante lo cual el documento se encuentra firmado al pie por el presidente Municipal Domingo Daniel Rossi; vicio que le quita toda eficacia como instrumento válido y suficiente a los fines de tener por acreditada la “recepción provisoria” de la obra por parte del municipio”.

En este contexto se pidió citar “al ex presidente municipal Domingo Daniel Rossi, al ex secretario de Gobierno, Roberto Carlos Méndez, a la funcionaria a cargo de Contaduría Municipal María Inés Martínez y al responsable del Área de Obras Públicas Adolfo Zenón Ortíz”.
Un intendente con antecedentes penales

Vale recordar que Domingo Daniel Rossi fue condenado a tres años de prisión condicional, justamente por enriquecimiento ilícito, tras una denuncia de la revista ANALISIS en 1998, cuando se le detectaron cuentas millonarias en el Uruguay, a nombre de su entonces mujer, Isolina García y su madre jubilada. También su mujer, la ex diputada provincial Patricia Díaz, tiene una causa por enriquecimiento ilícito abierta en diciembre de 2016.

Además, el procurador general del Superior Tribunal de Justicia, Jorge Amílcar García, ordenó en diciembre de 2016 la apertura de una causa por enriquecimiento ilícito contra la mujer de Rossi, la ex diputada provincial Patricia Díaz (PJ-La Paz). El alto magistrado adoptó tal decisión después de la publicación, donde se informó de la existencia de fondos millonarios en el Uruguay de la ex legisladora, como así también inversiones en bonos en Chile, Brasil, Estados Unidos, México y el Uruguay por 886.148 dólares.