La institución condenó el femicidio de Micaela García y consideró “imperiosa la necesidad” de que se “investigue en profundidad para que se haga Justicia” y señaló que la decisión de otorgar libertad condicional a Sebastián Wagner debe “ser materia de exhaustivo análisis”. Además reclamó profundizar las políticas públicas contra la violencia de género.

“La situación excede el plano jurídico y judicial. No podemos desconocer que nos encontramos ante un problema más profundo, de raíz cultural, de nuestra propia idiosincrasia como sociedad, que coloca a unos por sobre otros en la esfera de poder, los hombres por sobre las mujeres, y eso habrá que enfrentarlo interdisciplinaria y mancomunadamente, el Estado y las Instituciones Intermedias, donde éste Colegio de Abogados tiene mucho para aportar”, señala el documento enviado a APF.

“Merece el acto judicial que otorgó la libertad condicional a Sebastián Warner, ser materia de exhaustivo análisis por parte de los organismos determinados por la Constitución Provincial”, señaló además.

“El Estado, tanto el nacional como el provincial y en sus tres funciones, tiene que tomar intervención profundizando políticas públicas contra la violencia de género en todos los ámbitos sociales posibles y coordinar sus recursos, muchas veces dispersos”, sostuvo la entidad y apuntó que “además se hace indispensable tomar conciencia de la especialidad de los delitos sexuales y de sus autores, estableciendo un tratamiento de reinserción social diferente al de la generalidad”.

“El Estado debe dar respuesta ante las víctimas de violencia de género y delitos sexuales, acompañando a las víctimas y dando garantías a su integridad con juicios ágiles, condenas efectivas y programas de asistencia y tratamiento a sus autores y sus correspondientes recursos”, remarcó.

“La difusión de estos hechos indignos a la condición humana genera dos actitudes: el hartazgo social por un lado y la reacción solidaria de la comunidad por el otro. También la promoción de los derechos que asisten a las mujeres debe contribuir a su fortalecimiento y al logro de una sociedad más justa donde impere la igualdad y la equidad y se terminen todas las manifestaciones de violencia. Como Institución estamos a disposición para combatir este flagelo y contribuir al debate social sobre el mismo”, finaliza el documento del Colegio de Abogados.