La Provincia pedirá suspender el fallo sobre la demanda de la gobernadora de Buenos Aires para que se actualice el Fondo del Conurbano. Para el Fiscal de Estado, Julio Rodríguez Signe, el tema debe discutirse en el Congreso.
El fiscal de Estado de Entre Ríos, Julio Rodríguez Signes, adelantó que pedirá suspender el juicio y discutir en el Congreso: «Desde 1996 se está en mora respecto de la obligación de sancionar un nuevo régimen de coparticipación». Señaló que Entre Ríos perdería $ 3500 millones anuales si prosperara el planteo de Vidal.
El ministro de Finanzas de Córdoba, Osvaldo Giordano, explicó que Buenos Aires recibió en estos años, mediante subsidios, más que lo que perdió por el límite puesto al Fondo del Conurbano. Si la Justicia le diera la razón a Buenos Aires, estimó, su provincia perdería $ 7000 millones anuales.
En el gabinete del mandatario correntino, Ricardo Colombi, confirmaron que plantearán al alto tribunal que el problema «no debe resolverse en un contexto judicial, sino político».
Horacio Rey, secretario general de la gobernación de Chaco, anunció que en su presentación pedirá que «no se avance» con el tema y que se abra la discusión política. Hace dos semanas, 18 gobernadores y tres vices firmaron un documento pidiendo a la Corte que «no tome resolución» hasta que se debata en el Congreso, consignó La Nación.
El fiscal de Estado de Tucumán, Daniel Leiva, rechazó la cautelar bonaerense y cuestionó el carácter de terceros que se les asignó en la causa a las provincias. Solicitó que se le permita a Tucumán ser parte para tener pleno derecho a la defensa. «Es un tema no justiciable y las provincias tenemos que defendernos de un rol desigual», señaló. Estimó en $ 3500 millones anuales lo que relegaría su distrito.
El asesor general del gobierno de Catamarca, Pablo Gallardo, coincidió en la apelación al Congreso y calificó el Fondo del Conurbano como «zafarrancho político».
La Cámara de Diputados de San Juan aprobó una declaración en la que rechaza que la provincia sufra descuentos. Respaldó, así, la postura del gobernador Sergio Uñac ante el máximo tribunal.
Según la presentación de Salta ante la Corte, «corresponde al Congreso establecer y modificar asignaciones de recursos coparticipables».
