28 septiembre, 2017 12:56


Pedro Báez se limitó a rechazar los cargos por corrupción y no contestó preguntas

El diputado provincial y ex ministro de Cultura y Comunicación, Pedro Ángel Báez, fue citado para este jueves por la Justicia para tomarle declaración como imputado en dos causas.

Pedro Báez

Según se informó, el legislador provincial se limitó a rechazar los cargos que se le imputan y apenas hizo una manifestación en ese sentido, pero se abstuvo de declarar y contestar preguntas. Una de las causas en trámite es la N° 31.253 caratulada “Aguilera Juan Pablo y otros s/Negociaciones incompatibles con el ejercicio de la función pública, defraudación a la Administración Pública, peculado, abuso de autoridad, violación de los deberes de funcionario público”. Por esta investigación, el ex funcionario ya declaró, pero los fiscales resolvieron llamaron nuevamente por cuanto el hecho investigado se reformuló. Además, está imputado en la causa N° 61.211 caratulada “Urribarri Sergio Daniel y otros s/Peculado”. Báez estuvo desde las 7.30 hasta las 9 ante los fiscales Patricia Yedro, Alejandro Cánepa y Gonzalo Badano.

En la causa “Aguilera” ya declaró, pero los fiscales resolvieron llamaron nuevamente por cuanto el hecho investigado se reformuló. Esa investigación, que salpica de lleno al cuñado del ex gobernador Sergio Urribarri, se abrió en septiembre de 2016, con una resolución de la fiscal Yedro que dejó en incómoda situación a Urribarri, Báez, Aguilera y también al responsable de certificación de publicidades en vía pública del Ministerio de Cultura, Gustavo Tamay.

La resolución que firmó Yedro al abrir la causa dice que se investiga si “Urribarri, en su calidad de Gobernador de la Provincia de Entre Ríos, y Pedro Báez, en un inicio como Director General de Información Pública de Gobierno y posteriormente como Ministro de Cultura y Comunicación de Entre Ríos, beneficiaron económicamente a los Sres. Juan Pablo Aguilera, cuñado del primero de los mencionados, Emiliano Giacopuzzi, Maximiliano Sena, Luciana Belén Almada y Alejandro Almada, y a las empresas de las cuales formaban parte, direccionando para éstos, contratos de publicidad del Estado entrerriano, ocasionando un perjuicio económico al Estado Provincial, en una suma que aún resta determinar”.

Y agrega: “Así, en el lapso comprendido entre los años 2010 a 2015, de manera arbitraria y constante, sorteando los mecanismos legales para garantizar la libre competencia de oferentes del Estado, sin observar la normativa vigente (Ley Nº 5140 y decretos reglamentarios y Constitución Provincial), direccionaron contrataciones directas emitiendo múltiples órdenes de publicidad (…), posteriormente aprobadas por medio de decretos. Además de tal direccionamiento de las contrataciones, en muchas de ellas se simuló que los contratados cumplían con las prestaciones a su cargo por medio de ficticias constataciones de su ejecución, las que fueron firmadas por Pedro Báez y/o Gustavo Tamay, éste último en carácter de Responsable de Certificación de Publicidades en Vía Pública.”

Una pericia pedido al cuerpo de peritos del Superior Tribunal de Justicia (STJ) reveló que las certificaciones de esa publicidad se hacían con fotografías trucadas, que eran incorporadas al expediente.

También Báez va a ser indagado por una causa más reciente, en la que está imputado por el delito de peculado el ex gobernador Urribarri: se trata de la publicación de una solicitada en 2014 por la cual el Estado desembolsó 4,3 millones de pesos.

A decir verdad, Urribarri quedó imputado en tres causas en las que se investigan delitos de corrupción durante su gobierno, luego de la indagatoria del martes 28 agosto último en el edificio del Ministerio Público Fiscal.

Ese día, en realidad, Urribarri no declaró, aunque tampoco se amparó en los fueros de legislador: presentó sendos escritos en las tres causas en las que está imputado, y no aceptó preguntas de los fiscales Alejandro Cánepa, Santiago Brugo y Patricia Yedro. Fue acompañado por sus abogados, Marcos Rodríguez Allende y Raúl Barrandeguy.

Ahora Báez tiene que declarar por una de esas tres causas en las que está imputado Urribarri: la de la solicitada. Y otra en la que está involucrado el cuñado del ex gobernador.

Como ya se informó el 17 de diciembre de 2014, Urribarri autorizó el pago de una solicitada, publicada los días 22, 23, 24 y 26 de junio de ese año, por una suma millonaria: 4.308.500,23 pesos.

Se trató de una “contratación directa” concretada por el ministro de Cultura y Comunicación, Pedro Ángel Báez, para publicar la solicitada “Acuerdo de compromiso para la reafirmación democrática argentina”, y que apareció, entre otros, en los diarios Página 12, Tiempo Argentino y La Nación. El monto está contenido en el texto del decreto N° 2.940, firmado por el ministro Báez el 5 de septiembre pasado, y publicado el martes 16 del actual en el Boletín Oficial.

En la solicitada, firmada por Urribarri y con el logo del Gobierno de Entre Ríos, el gobernador expuso su rechazo a los especuladores económicos, y ligó a los Fondos Buitre con aquellos espacios que manejan el capital financiero y “pusieron en jaque” a la democracia argentina en 1976, 1989 y 2001. En esos días de junio, los titulares hablaban de la negociación con los buitres y el ajetreo judicial en el despacho del juez Thomas Griesa.

“Luego del fallo a favor (de los buitres) reaparecen como fantasmas en el discurso público, propuestas y personajes que habíamos desechado de nuestra cotidianeidad y que nos sumieron en la angustia colectiva hace más de una década con sus profecías y recetas contra el sostenimiento de la misma”, decía el documento de Urribarri.

A través de esa solicitada, impulsó que todo el arco político firmase un acuerdo, de 20 puntos, para mantener cada logro de la década kirchnerista luego de 2015, cuando Cristina Fernández de Kirchner deje su despacho en la Casa Rosada.

“Un acuerdo patriótico, donde reivindiquemos todas las políticas que desde 1983 a esta parte han resultado un beneficio de la democracia y el pueblo argentino, y que se instituyan como las bases fundacionales del de un status político, social, económico, y cultural irreversible para nosotros y las generaciones futuras”, señalaba el texto.

Entre algunos de los pedidos, siempre ligados al modelo iniciado en 2003, se resaltan victorias como las negociaciones con organismos internacionales como el Club de París o la pertenencia al Mercosur y el rechazo al ALCA.

Urribarri, consideró “necesario y urgente construir un acuerdo de compromiso para la reafirmación democrática argentina” entre las principales fuerzas políticas y candidatos.

El texto añadía que “el mundo vive por estos tiempos las consecuencias del predominio del capital financiero y sus ataques especulativos”. En ese contexto, el mandatario afirmó que “luego del fallo a favor de los fondos buitre de la Corte Suprema de EEUU reaparecen como fantasmas en el discurso público, propuestas y personajes” que “nos sumieron en la angustia colectiva hace más de una década con sus profecías y recetas de genuflexión ante el capital financiero”.

En consecuencia, Urribarri propuso “un acuerdo patriótico” al radicalismo, el socialismo, la izquierda y el peronismo para “sostener la predominancia y autonomía del campo de la política como imperio de la soberanía popular” por sobre cualquier otro factor “a la hora de decidir sobre el interés del Pueblo y la Nación”.

“Nos comprometemos a sostener y profundizar el rol prioritario del Estado como ente de control, regulador de la economía y promotor de un proyecto de desarrollo productivo nacional con inclusión social y distribución justa de la riqueza”, agregaba el texto.

No tuvo demasiada repercusión la solicitada, ni tampoco el arco político salió a respaldar sus propósitos de continuismo, quizá porque vieron en esa solicitada una estrategia de Urribarri por posicionar su candidatura en el escenario nacional, donde las encuestas le son adversas.

El único que salió a apoyar al gobernador fue el periodista ultra K Hernán Brienza, que respondió un llamado de la radio oficial LT14. “Leí la solicitada y encuentro una continuidad y puntos de contacto entre la visión del gobernador Sergio Urribarri y mis opiniones respecto al tema de los fondos buitre, que he publicado en los medios de comunicación”, dijo Brienza.

Fuente: Entre Ríos Ahora


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