La Justicia investiga si la diputada nacional electa por Cambiemos perjudicó a las arcas públicas cuando era titular del PAMI. Habría cobrado más de 50 mil pesos en concepto de vacaciones no gozadas, a pesar de que la ley de Contrato de Trabajo no lo permitía.
Graciela Ocaña se posicionó en la escena política por ser denunciante de la corrupción pero ahora la fiscal federal Paloma Ochoa la imputó por defraudación al Estado.
La medida contra la actual diputada nacional electa por Cambiemos fue elevada ante el juez Sebastián Ramos para establecer si perjudicó a las arcas del Estado Nacional cuando se desempeñaba como titular del PAMI en 2007.
Se la acusa de haber cobrado la liquidación de más de 50 mil pesos en concepto de vacaciones no gozadas, a pesar de que la ley de Contrato de Trabajo no lo permitía.
La denuncia que dio origen a este expediente la formuló la propia fiscal Ochoa al extraer parte del testimonio de otro ex titular del PAMI, Luciano Di Cesare, quien fue procesado por el mismo delito.
“Resulta objeto de investigación en autos el presunto cobro fraudulento de 51.381 pesos en concepto de liquidación de vacaciones no gozadas que María Graciela Ocaña, en su carácter de titular del Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados, solicitara y le fuera liquidado en perjuicio del Estado Nacional”, sostuvo Ochoa este lunes.
El año pasado, el juez federal Ariel Lijo determinó que Di Cesare cometió el delito de “administración fraudulenta” en perjuicio del Estado nacional por más de un millón de pesos, al hacerse liquidar vacaciones no gozadas en el organismo sin tener derecho a su percepción.
