Un relevamiento realizado por el CEPA entre enero de 2016 y noviembre de 2017 constató 111 hechos represivos, que dejaron 328 personas heridas. El 52 por ciento de los operativos fueron contra protestas de trabajadores y el 24 por ciento contra movimientos sociales.

Desde la asunción del gobierno de Cambiemos hubo, en promedio, una represión por semana. Más de la mitad de estos operativos fueron contra protestas de trabajadores –formales e informales– que reclamaban por despidos o pérdidas de derechos laborales. La violencia de los métodos utilizados por las fuerzas de seguridad para neutralizar la protesta se refleja en el número de los heridos (por balas de goma, gases, palos y en algunos casos munición de plomo) contabilizado en el período, que llegó a 328 personas.

Los datos surgen de un relevamiento que el Centro de Economía Política Argentina (CEPA), que dirige Hernán Letcher, realizó frente al aumento de la represión del conflicto social, proceso cuya gravedad se volvió inocultable tras los operativos en los que fueron muertos Santiago Maldonado y Rafael Nahuel.

En la sistematización que hicieron los investigadores se ve cómo los trabajadores, frente a las políticas de ajuste y precarización, están oponiendo acciones de resistencia, y que el Gobierno ha enfocado la respuesta represiva para su control, a diferencia, por ejemplo, de otros caminos que incluyen alguna vía de negociación, como las abiertas con algunas organizaciones sociales. El detalle de las represiones da así una idea de la importancia que el macrismo otorga al acallamiento de la protesta gremial, esté respaldada o no por un sindicato.

Desde enero 2016 a noviembre 2017 el informe constató 111 hechos represivos. En el año 2016 se produjeron 55 casos, y en 2017 –hasta el mes de noviembre– llegaron a 56. Es decir que en 2016 el promedio alcanzó los 4,58 casos por mes, mientras que en 2017 el promedio fue de más de 5 casos mensuales.

Si se mira cuáles fueron los sujetos de las protestas, resulta que más de la mitad de las represiones se llevaron a cabo contra movilizaciones de trabajadores formales e informales (52 por ciento).

En segundo lugar, sus víctimas fueron militantes de movimientos sociales (24 por ciento), luego (con el 14 por ciento) familias en condiciones de vulnerabilidad, pueblos originarios (6 por ciento). Finalmente, también hubo desalojos contra vecinos que protestaban reclamando justicia por hechos de gatillo fácil e inseguridad.

Los motivos de las protestas reprimidas fueron: reclamos salariales (17,1 por ciento de los casos) y por despidos (14,4 por ciento); ambos rubros aluden al uso de la violencia para imponer la precarización a los trabajadores formales. Le siguió, en orden descendente, la represión a reclamos de los vendedores ambulantes (9 por ciento) y a pedidos de alimentos y programas sociales (en el mismo nivel).

En los operativos de los últimos dos años fueron detenidas, según las denuncias recabadas, 354 personas, y heridas 328. Vale aclarar que las detenciones y los heridos no responden sólo a conflictos laborales. Por ejemplo, un operativo con un elevado número de detenciones fue el que la policía santafesina realizó durante la marcha de cierre del Encuentro Nacional de Mujeres.

Finalmente, si las represiones se ubican en un mapa se ve que se concentraron mayoritariamente en la provincia de Buenos Aires (22 por ciento de los casos) y la Capital Federal (15,3 por ciento).

El uso de la violencia por parte de las fuerzas de seguridad responde siempre al criterio político de quien esté a cargo del gobierno. Cabe recordar que la administración del presidente Macri preanunció la represión de las protestas sociales al inicio de su gestión, cuando la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, dio a conocer el llamado “protocolo de seguridad” o “antipiquete”. En aquel momento, los medios del sistema denunciaron indignadamente su incumplimiento, pero el criterio ya estaba marcado.

El trabajo del CEPA apunta que la respuesta represiva es acompañada con la táctica de la judicialización, una lógica que se inauguró en enero de 2016 con la detención de Milagro Sala, y que ha sido seguida, en el plano sindical, por el arresto y la imputación de dirigentes gremiales por el hecho de haber participado en manifestaciones o paros.

Fuente: Página 12.