Los demandantes presionan a la Justicia para que se habilite la feria judicial para tratar estos casos por el saqueo a los jubilados que llevó adelante el macrismo.

Pese al aluvión en contra, el macrismo viene esquivando a la Justicia. Los demandantes presionan a la Justicia para que se habilite la feria judicial para tratar estos casos por el saqueo a los jubilados que llevó adelante el macrismo.

«Comenzó a sumarse presión para que se habilite su tratamiento durante el segundo tramo del receso, y se frene la vigencia de la modificación en el cálculo de haberes jubilatorios impulsado por el oficialismo», revela el diario Ámbito Financiero.

El denunciante, Miguel Fernández Pastor, requirió al juez, Walter Carnota, que intime a la fiscal Mariana Grinberg para que gire el expediente y así se pueda tomar una decisión. Es que la fiscalía retuvo el recorrido del caso pese a que ese tipo de solicitudes tienen plazo máximo de resolución en 48 horas y se presentó a fines del año pasado.

El diario cuenta el caso: «La demanda iniciada a título individual por Miguel Ángel Fernández Pastor avanza como leading case y no quedó comprendida en el intento por agrupar todos los amparos colectivos bajo la órbita del juez Fernando Strasser, ni tampoco entre los que ya obtuvieron una negativa a ser analizados durante enero»

Ahora en esa demanda se volvió a insistir en la habilitación de la feria dado que consideraron que de no tratarse durante enero hay una serie de disposiciones internas dentro de ANSES que conduce Emilio Basavilbaso, y que afectarán la liquidación de los haberes que serán percibidos en marzo, pero de acuerdo a la nueva fórmula.

Y cierra la nota el diario con la peor noticia para el Gobierno: «Hasta el momento, se mantiene el impasse hasta febrero. Sin embargo, cuando finalice la feria, Basavilbaso recibirá una mala noticia: uno de los principales estudio de abogados especializados en la Seguridad Social (y de los más poderosos) planea interponer la inconstitucionalidad de la nueva ley, para que pueda ser aplicada, a futuro, a beneficiarios del denominado «fallo Badaro». Son una masa de aproximadamente 2500 juicios que buscarán escapar al nuevo recálculo».