El gobierno nacional oficializó el primero de los cuatro aumentos previstos en el año para los jubilados y para la Asignación Universal por Hijo (AUH), que a partir de marzo será de 5,71 por ciento, correspondiente a la Ley de Movilidad Jubilatoria. La misma se votó a fines del año pasado y generó graves incidentes frente al Congreso. A través de la resolución 2E/2018 del Ministerio de Trabajo publicada en el Boletín Oficial de este jueves, y con la firma del secretario de Seguridad Social, Juan Carlos Paulucci Malvis, la norma estableció que el valor de la movilidad correspondiente al mes de marzo de 2018, es de 5,71 por ciento”.

Asimismo, la normativa aprobó «los índices de actualización de las remuneraciones mensuales percibidas por los trabajadores en relación de dependencia, que cesen desde el 28 de febrero de 2018 o soliciten su beneficio desde el 1° de marzo de 2018».

A fines de 2017, varios expertos ya habían anticipado los números de la nueva fórmula. Tal fue el caso de Guillermo Jáuregui, especialista en Derecho de la Seguridad Social, quien sostuvo que la versión de movilidad vieja arrojaría un aumento aproximado del 12 por ciento en marzo de 2018, pero con la nueva fórmula las jubilaciones subirían 5,7 por ciento. Es decir que la jubilación mínima pasará en marzo a 7.659 pesos, en lugar de los 8.115 pesos que resultaría de aplicar la fórmula aplicada por el gobierno anterior.

En otro orden, precisó que «la actualización de las remuneraciones mensuales se realizará multiplicando cada una de ellas por el coeficiente resultante de la división entre el índice correspondiente al mes de la adquisición de derecho y el índice correspondiente al de la remuneración devengada».

«Las remuneraciones con aportes correspondientes a los titulares de los beneficios que hubiesen cesado con anterioridad al 28 de febrero de 2018 o los que continúen en actividad y hubieran solicitado la prestación antes del 1° de marzo de 2018, se actualizarán mediante la aplicación de los índices de actualización aprobados», puntualizó la resolución.

Según el gobierno, la ley implicará un ahorro de 100 millones de pesos por las arcas públicas, en pos del objetivo del equipo económico de reducir el déficit fiscal, que junto con la inflación constituyen metas innegociables para el oficialismo.