Advierten que los acuerdos con el FMI exigirán la reducción del déficit y afectará a la obra pública. Preocupación de empresarios y trabajadores.

Desde la Cámara Argentina de la Construcción (Camarco) advirtieron que el acuerdo del gobierno nacional con el FMI exige la reducción del déficit y por lo tanto serán resentidos 400.000 millones de pesos que en un gran porcentaje se destinan a la obra pública. En la provincia se pone en jaque a más de 9.000 puestos laborales y hay preocupación.

«La exigencia es reducir el déficit», dijo a UNO Iván Szczech, hoy vicepresidente de la Delegación de Entre Ríos de la Cámara Argentina de la Construcción, pero también prosecretario a nivel nacional. Y explicó que se debe pasar de un déficit del 2,7% este año, al 1,3% el que viene. «Ese déficit en cuanto al ahorro general significa 400.000 millones de pesos, de los cuales el 40% se logrará directamente ajustando la inversión en la obra pública. De alguna manera es lo más fácil de hacer porque no necesita ningún consenso parlamentario. La historia así lo indica», agregó.

Dijo también que la obra pública siempre fue la primera variable de ajuste cuando se debe reducir el gasto. «¿Quién se va a quejar? Se quejará la sociedad en el mediano o largo plazo, pero es algo que no lo va a ver mañana», destacó Szczech.

Habló incluso de la importancia que implica que todo el dinero que se genera y se recauda a nivel municipal, provincial y nacional se devuelva en mejorar la infraestructura de la obra pública, de viviendas y de servicios.
La injerencia del Estado nacional en las obras que se ejecutan en la provincia es de capital importancia. Están presentes en las rutas que realiza Vialidad Nacional, en trabajos de recursos hídricos, y a través de empresas y reparticiones. Después tiene convenios donde la Nación aporta determinados porcentajes, como en la defensa contra las inundaciones en Concordia o en Concepción del Uruguay, también pasa con los convenios de viviendas del IAPV.

Como ejemplo concreto, Szczech explicó que hoy está afectada la construcción de viviendas. Serán inauguradas 800 en 2018. «Pero tenemos cero viviendas nuevas (en vistas a 2019). Cuando no hay reposición de obras en términos del empleo en la construcción, lo que se genera es similar a los cierres de grandes fábricas, ese trabajador no tiene continuidad. La continuidad es terminar una obra y arrancar otra. Bueno, se terminan y no se inician. Hay 500 viviendas para iniciar que dependen de que la Nación y la Provincia cierren esta situación», agregó.

Dijo además que los problemas que se describen ya se sienten en Entre Ríos, ocurren en este período porque la construcción de viviendas es lo que más manos de obra intensiva genera. «En todo lo que va de mandato del presidente Mauricio Macri no se firmó un solo convenio nuevo. Entonces, todas las obras a terminar son las que venían por convenio nacional del gobierno anterior», aclaró Szczech.

En este sentido, de las 3.500 viviendas que había en ejecución hoy quedan unas 1.200 en convenio con la Nación. «Este año se entregarán 800 y ya quedan menos. Después están las que salió a hacer la Provincia con fondos propios. Eso es lo que está pasando, las provincias toman en sus manos este problema y no pasa solo en Entre Ríos», aclaró.

A nivel nacional, el presidente de la cámara es Gustavo Weiss y fue quien advirtió la posible pérdida de 430.000 puestos laborales, número ratificado por Szczech, quien además sostuvo que en Entre Ríos son entre 9.000 y 10.000 directos los que están en jaque. En su cuenta no incluyó todos los puestos que se generan de manera indirecta como los corralones, los profesionales y hasta los administrativos.

La construcción es uno de los sectores que mayor informalidad laboral tiene, quizás no tanto en el caso de las empresas constructoras, pero sí en quienes hacen las changas, en aquél que está en la búsqueda de una salida laboral primera y urgente. Afirman que también serán resentidas estas oportunidades mientras no comiencen a generarse las condiciones que se requieren, y más aún ante estas exigencias que los nuevos acuerdos con el FMI ponen sobre la mesa de decisión nacional.

«Con el ajuste no podemos estar de acuerdo», dijo Doronzoro

Walter Doronzoro es el titular de la Unión Obrera de la Construcción de la República Argentina (Uocra) y también habló de la preocupación de los trabajadores por la situación, aunque planteó que se deben buscar alternativas.
Además de confirmar la cantidad de trabajadores que están en riesgo, dijo a UNO: «Ya lo hemos dicho en épocas anteriores cuando hablamos de la reducción del déficit fiscal y del gasto».

Advirtió también que el acuerdo con el FMI los puso en alerta para que las obras que se ejecutan este año no se paralicen y no se provoquen despidos masivos.

Están atentos en ver de qué manera el presupuesto nacional 2019 expresa una reducción en la obra pública. «Porque eso es una decisión política», aclaró, y agregó que a nivel Uocra se busca la coordinación con los gobernadores para ver de qué manera se puede afrontar esta situación. «Nosotros no estamos de acuerdo (con la reducción de la obra pública) pero como son políticas de Estado tenemos que ver, y además hay alternativas en Entre Ríos con el gobernador Gustavo Bordet donde se ejecutan 500 viviendas con recursos propios y otras 500 que ya se licitarán. Hay que ver cómo no se reciente la situación para los trabajadores», dijo.

En este sentido y en la necesidad de que se creen puestos de trabajo, Doronzoro agregó: «No queremos ser espectadores de esta crisis, y en Uocra está la preocupación que genera la situación, estamos denunciando y teniendo propuestas para mantener el trabajo. Las viviendas son ordenadores sociales, las autopistas garantizan el trabajo productivo; queremos que realmente se siga manteniendo todo esto. Tenemos la preocupación, ya lo hemos dicho; con el ajuste no podemos estar de acuerdo», remató.