28 junio, 2018 15:05


El aborto legal divide aguas en el PJ Concordia

Mientras el presidente del consejo departamental, Juan Carlos Cresto, recriminó al Concejo Deliberante local su rechazo a la declaración de Concordia como “ciudad pro vida”, que implica la objeción al aborto legal, la consejera del PJ local Lía Solís aseveró que no comparte esa postura y remarcó que el veterano dirigente “no hace más que expresar los deseos de un sector conservador y retrógrado”.

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Cresto escribió “Lo que se escribe con la mano, no se puede borrar con el codo”– en el cual expresa que comparte “en todos sus términos la carta abierta difundida en los medios locales por la Asociación Pastores Unidos de Concordia, en cuanto al rechazo en el Concejo Deliberante de la declaración de la ciudad como ‘Pro Vida y Pro Familia’”.

En esa misiva, los referentes evangélicos cuestionaron el rechazo de los concejales concordienses y pretendieron desligar la declaración de ciudad como pro vida, del debate sobre el aborto legal que se está dando en el Congreso.

Por su parte, la dirigente del PJ concordiense Lía Solís, enseguida salió a responderle a Cresto. “Como mujer y consejera departamental del mismo partido, me veo obligada a dejar en claro que no comparto las opiniones del señor Juan Carlos Cresto”, señaló en un texto al que tuvo acceso APFDigital. Además cuestionó las expresiones del dirigente porque “dan por sentado que el conjunto de la sociedad adopta el sistema de pensamiento religioso de los credos, sin tener en cuenta que un Estado Derecho no debe imponer moral ni religión”.

El texto de Cresto

A continuación se transcribe completo el documento enviado a esta Agencia por Juan Carlos Cresto, padre del actual intendente de Concordia, Enrique Cresto, y de la diputada nacional Mayda Cresto, cuya militancia contra el aborto se ha visto incrementada en el último tiempo.

“Comparto en todos sus términos la carta abierta difundida en los medios locales por la Asociación Pastores Unidos de Concordia, en cuanto al rechazo en el Concejo Deliberante de la declaración de la ciudad como ‘Pro Vida y Pro Familia’.

Comparto los argumentos expresados en este sentido por los Pastores Unidos, la comunidad judía y la Iglesia Católica, así como también por quienes se han manifestado en favor de esta causa.

Solicito, como Presidente del Concejo Departamental del Partido Justicialista, que los legisladores locales revean la posibilidad de declarar a Concordia como Ciudad Pro-vida y Pro-familia.

Hay una evidente contradicción en los ediles al no avalar esta declaración, tal como manifiesta la carta de Pastores Unidos.

No se puede borrar con el codo lo que fue escrito con la mano, por presiones externas o porque el aplausómetro empezó a medir diferente. Hoy, los mismos ediles que no hace mucho apoyaron el Pacto de San Antonio de Padua votan en contra de lo dispuesto por el mismo. O somos coherentes, y asumimos las responsabilidades de nuestras decisiones, o de lo contrario nos convertiremos en genuflexos de los que gritan en el fondo”.

La respuesta

Lía Solís, consejera del Partido Justicialista, Departamento Concordia, contestó la declaración de Cresto. A continuación se transcribe la respuesta completa:

“Vista las declaraciones del actual presidente del Consejo Departamental de Concordia, y su insistente “necesidad de declarar a Concordia Pro Vida y Pro Familia», como mujer y consejera departamental del mismo Partido, me veo obligada a dejar en claro que NO COMPARTO las opiniones del Sr. Juan Carlos Cresto, que lejos de representar a la toda ciudadanía, no hace más que expresar los deseos de un sector conservador y retrógrado que avaro de preservar el poder ancestral. No tiene en cuenta el contexto social y cultural, que como consecuencia de históricas luchas, ha logrado conquistar sus espacios de representación política, manifestada en los votos de los concejales, que tomando sus demandas, ha expresado el fiel mandato popular, reconociendo las posiciones que defienden la diversidad y la lucha de género en todas sus expresiones, el derecho a decidir, la libertad y autodeterminación de la vida familiar e íntima de las personas.

Sus expresiones dan por sentado que el conjunto de la sociedad adopta el sistema de pensamiento religioso de los credos, sin tener en cuenta que un Estado Derecho no debe imponer moral ni religión, porque aquel Estado que lo hace, se entromete ilegítimamente e inconstitucionalmente, en la vida privada de las personas. Un municipio democrático es aquel donde sus representantes ejercen sus funciones según la demanda de una sociedad que exige libertad, reconocimiento sin que un sector y un modo de pensar le imponga a otro como debe concebir su vida”.

Fuente: APF.


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