El recurso de amparo del Gobierno de Alberto Rodríguez Saá es contra el aumento del precio del gas, por «inconstitucional e inaplicable».
El Gobierno de San Luis, que comanda el peronista Alberto Rodríguez Saá, demandó al Estado Nacional, a la Secretaría de Energía de la Nación y al Ente Nacional de Regulación del Gas (Enargas) ante la Justicia Federal por el incremento en las tarifas del gas.
El recurso de amparo fue presentado por el fiscal de Estado provincial, Eduardo Allende, y el jefe del Programa Defensa al Consumidor, Alberto Montiel Díaz, según informó la agencia de noticias del estado provincial.
Así, San Luis interpone una nueva demanda a Nación. Los puntanos, los primeros en bajarse del Pacto Fiscal (luego se sumó el pampeano Carlos Verna) prefieron a finales de 2017 no firmar el acuerdo para sostener sus juicios al Estado nacional, principalmente el que reclama la deuda por la retención de fondos coparticipables, una batalla que Rodríguez Saá viene dando desde inicios de su gestión.
Los funcionarios puntanos calificaron ahora como “inconstitucional e inaplicable” el aumento en la tarifa del gas y la demanda pretende proteger de las subas a clientes, usuarios, beneficiarios, instituciones públicas provinciales y consumidores más vulnerables. Los fundamentos de la presentación tienen raíz en la “inconstitucionalidad de las normas y acuerdos que autorizan la dolarización del precio en la adquisición del gas” por parte de las empresas, y que ellas trasladen esos costos a la tarifa final que llega al usuario.
Para el Estado provincial, esa determinación viola los derechos de los consumidores y específicamente lo dispuesto en los artículos 1°, 14°, 16°, 17°, 42° y 75° inc. 22° de la Constitución Nacional.
Montiel Díaz consideró que el aumento en la tarifa “afecta la razonabilidad, gradualidad y racionalidad, que fueron criterios de validez y legalidad de las tarifas de servicios públicos” impuestos por la Corte Suprema de Justicia en sus recientes fallos.
Por su parte, Allende remarcó que debe acogerse favorablemente esta acción “en beneficio de los derechos de usuarios y consumidores”, para garantizar la continuidad de la prestación de servicios esenciales vinculados a la salud y a la educación, entre otros. “El aumento de servicios públicos derivado de garantizar ganancias en dólares a las empresas constituye un cargo que no tiene respaldo legal y violenta la valoración político-constitucional de la moneda como manifestación de soberanía”, sostuvo. “Afecta -agregó- lo dispuesto en el inciso 19 del artículo 75, conocido como la ‘Cláusula del progreso económico y social’, donde se establece que corresponde al Congreso proveer lo conducente a la defensa del valor de la moneda”, concluyó.
Fuente: Ámbito Financiero.
