Consultado sobre tema, el abogado, especializado en accidentología civil y Laboral, doctor Mariano Giampaolo, consideró que «es un muy buena noticia, si la enmarcamos en el contexto que se está viviendo», ya que hace «dos años que se observa un incremento desesperante de los despidos y los convenios de «desvinculación consensuada».

Esto último «lo digo con comillas porque en realidad son despidos encubiertos bajo la forma de un acuerdo», agregó. Para el profesional «ante un panorama así – donde mes a mes observamos aumento de los despidos y abusos en las condiciones de trabajo – que se dicte ese paliativo es una noticia tranquilizadora porque obviamente que su efecto inmediato será un límite a la catarata de despidos, como lo fue en otras épocas».

Para Giampaolo, la medida es «un parche que no soluciona el problema de fondo» y que tiene efecto «en las PyMES, que son las mayores generadoras de empleo en el mundo, por que aumenta sus costos a niveles muy altos, yo diría casi insostenibles».

«Es una aspirina muy cara para calmar el dolor de un aneurisma, por ello auguramos y esperamos tener un 2020 donde la economía arranque, comience a generar recursos genuinos a través de un aumento de consumo popular que reactive el comercio y la industria local». Así, conjeturó «si nuestros jubilados, docentes, trabajadores, profesionales recuperan el poder adquisitivo de sus ingresos, eso producirá un amento de las ventas en el comercio y de la producción en la Industria, que será el freno real y definitivo para poder parar los despidos».

El abogado no dudó en afirmar que «en 30 años de profesión jamás vi a un empresario despedir por que sí a un empleado, o por que sea barato». Subrayando que «los despidos, en un 90%, son responsabilidad de la horrible situación económica que se vive».

La norma

El presidente Alberto Fernández firmó un Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) para establecer la doble indemnización por un periodo de 180 días en caso de “despidos sin justa causa” y “ante la necesidad de detener el agravamiento de la crisis laboral”.

Es decir que en caso de despidos sin justa causa “los trabajadores afectados tendrán derecho a percibir el doble de la indemnización correspondiente de conformidad a la legislación vigente”, explicaron en Casa Rosada.

La iniciativa había sido trabajada durante todo el día por el ministro de Trabajo, Claudio Moroni. Un rato antes lo habían hecho los ministros Martín Guzmán y Matías Kulfas, que pasaron buena parte de la tarde en Gobierno. También Mercedes Marcó del Pont.

El Gobierno aclaró que la medida no aplica a las contrataciones celebradas “con posterioridad a su entrada en vigencia“. Es decir, desde la próxima semana.

“En los considerandos del decreto, el Poder Ejecutivo remarca que la tasa de desempleo se ha incrementado hasta el 10,6% en el segundo trimestre de 2019, un punto porcentual superior a un año atrás, con tasas que en el caso de los jóvenes superan el 18% en los varones y el 23% entre las mujeres”, resaltó el Gobierno a través de un comunicado, en el que además aprovechó para criticar el veto de Mauricio Macri en el 2016 de la ley anti despidos votada por el PJ en el Parlamento.

“La norma sostiene que la dinámica del empleo asalariado registrado privado durante el último año muestra un marcado descenso que indica que 139 mil trabajadores y trabajadores han quedado fuera del mercado laboral en el periodo septiembre 2018-2019”, abundó el Gobierno a través de un comunicado.

El DNU va en sintonía con el paquete de leyes en torno a la emergencia económica que el Ejecutivo termina de afinar y que ingresará al Parlamento en las próximas horas. Hay serias dudas por parte de la oposición.

Los empresarios ya habían planteado sus reparos. Desde la Unión Industrial Argentina (UIA), por caso, subrayaron en que la iniciativa podría ser contraproducente para la economía. “No es una herramienta para este momento, yo creo que va a haber una reactivación, una suerte de veranito, y la prioridad debe ser encender la producción”, planteó hace menos de un mes José Urtubey, vocal de la UIA.

Desde la CGT, por su parte, habían sido menos lapidarios. Aunque también se habían mostrado cautos.