El Gobierno logró que, a 6 días de anunciado, se apruebe un proyecto de ley que dio en llamar de “emergencia solidaria”.

En dicho proyecto mezcla un aumento de impuesto a sectores que mayormente han obtenido grandes ganancias en los últimos años –con el agravante de que algunos de estos sectores, como las entidades financieras y droguerías, trasladarán el aumento a precios- con recortes salariales a trabajadores.

La nueva ley tiene como objetivo recaudar $ 2.280 millones, de los cuales más del 70 % se recaudará de la quita a los salarios de trabajadores activos y jubilados.

Al plantear la ley, el gobernador Gustavo Bordet parte de un engaño dialéctico al decir que habrá un aumento de aportes jubilatorios a los trabajadores que ganen más de 75.000 pesos. En realidad, esos 75.000 pesos son de salario nominal, o sea antes de que se practiquen los descuentos obligatorios por ley, descuentos que para los estatales entrerrianos son más altos que para otros trabajadores, porque ya aportan un 16 % a la Caja Jubilatoria provincial. Para ser claros: el aumento de aportes se aplicará a aquel trabajador estatal que gane más de 59.000 pesos de bolsillo.

Ahora bien, ¿puede considerarse 59.000 pesos de bolsillo un salario alto siendo que la línea de pobreza está, según reconoce el Indec, en 43.000 pesos? De ninguna manera. A esto se le suma un dato que el Gobernador no desconoce: la mitad de los docentes tiene créditos bancarios y un número elevado descuentos por uso de tarjeta de crédito. O sea que el descuento no se va a aplicar a quienes viven con 59.000 pesos por mes sino a quienes viven con bastante menos que esa cifra por mes.

Y acá también cabe la reflexión. ¿Por qué un trabajador está endeudado con el banco a tasas altísimas o con la tarjeta? No lo hace por gusto, lo hace porque el salario no alcanza a cubrir sus necesidades, lo hace porque esos salarios no son altos.

La confesión de Müller

El titular del Consejo General de Educación, Martín Müller, expresó, buscando descalificar la queja del sindicato, que “solo el 10,29 % de los docentes se vería afectado…” por este incremento de aportes que significa rebaja salarial de los sueldos de bolsillo.

Müller no cita fuente de los datos, pero más allá de eso, lo que dice es gravísimo: según sus datos, solo el 10 % de los docentes cobra más de 59.000 pesos y si la canasta básica está en 43.000 eso significa que la mayoría de los sueldos docentes están por debajo de la canasta básica.

Los docentes que en pandemia mantuvieron funcionando la escuela desde la casa, pagándose todos los servicios de su bolsillo, usando su equipamiento personal, cobran sueldos de pobreza. El dato que se esconde detrás de esta afirmación de Müller es el peor de todos: hay más del 60 % de los docentes por debajo de la línea de pobreza y habría, según el titular del CGE, alrededor de un 25 % que está apenas por encima de la misma.

¿Quiénes son esos docentes que ganan más de 59.000 pesos? Son los que tienen más antigüedad y dos cargos, la totalidad de horas cátedra o bien un cargo directivo para el cual estudió, rindió y concursó. O sea, nada fue regalado, no hay puestos a dedo. Solo encontrarán trabajo, estudio y dedicación.

A Müller –y por su intermedio a Bordet- se le deben hacer dos preguntas, la primera que es urgente y perentoria es si su gobierno está pensando en dar un aumento para evitar que siga habiendo docentes bajo la línea de pobreza; y la segunda es si en serio él piensa que una persona que gana 59.000 pesos por mes tiene un salario de riqueza o un salario que le permite vivir en forma acomodada como para verse afectado por un descuento en sus haberes mientras la inflación continua en aumento.

Cabe también mencionar un dato no menor: en un futuro los trabajadores afectados serán más, puesto que de haber aumento salarial serán cada vez más los comprendidos en esta ley de emergencia, y a eso Bordet, Müller, los diputados y los senadores también lo saben aunque pícaramente lo callen.

La mentira del senador Amavet

El senador por el Departamento Uruguay Horacio Amavet declaró en LT 11 que debido a la ley de emergencia “…un sueldo de 80.000 pesos sufrirá un descuento de 800 o 1.000 pesos…”

Esa sola afirmación demuestra que el senador no analizó mínimamente la ley antes de votarla.

Como dijimos, deberá aportar un 2 % más el trabajador que gane 75.000 pesos antes de que se practiquen los descuentos que terminan siendo 59.000 pesos de bolsillo. Pero ese descuento será de un 2 % sobre 75.000 o sea que el descuento mínimo será de 1500 pesos.

Un trabajador que gane 80.000 de bolsillo es porque su sueldo, antes de que se realicen los descuentos, es de 101.000 pesos, y aportará un 4 % de 101.000 pesos, o sea más de 4.000 pesos

Y 4.000 pesos no es lo mismo que 800, más allá que una rebaja de 800 también sería injusta

O sea que Amavet no solo no entiende lo que es justo e injusto (que de última son apreciaciones subjetivas) sino que los docentes debemos decirle que reprueba matemática y los ciudadanos debemos pedirle que antes de levantar la mano para aprobar una ley la lea y la analice.

El trámite legislativo

En todas las escuelas de la provincia, principalmente en las secundarias, se enseña el procedimiento para aprobar y sancionar leyes, se enseña que las leyes se analizan en comisiones y que en una verdadera democracia se construyen con el aporte de todos, de los partidos políticos, de las entidades interesadas, de los ciudadanos en general. Es más, existe un proyecto educativo que lleva 28 años llamado “Senado Juvenil” en el que los adolescentes y jóvenes participan, presentan proyectos de ley y en cierta forma simulan el proceder parlamentario. Miles de entrerrianos han participado del Senado Juvenil.

¿Qué demostraron en solo 6 días Bordet, sus diputados y senadores? Que son capaces de obviar el trámite legislativo enseñado, que no les interesan los debates, que se puede aplicar la mayoría automática, que antes de consultar a los actores sociales se puede actuar con obediencia debida; en fin, que el verticalismo en política mata la democracia y la pluralidad de voces.

Algunas conclusiones

-Müller y Bordet saben que más del 60 % de los docentes están bajo la línea de pobreza. Aun así mantienen congelados los sueldos y ni siquiera convocan a discutir salario.

– Si se necesitan 43.000 pesos para no ser pobres, mal podemos decir que 59.000 pesos es un sueldo de riqueza.

– Cuando dicen 75.000 de salario nominal en realidad están diciendo 59.000 de bolsillo

– Hay legisladores que no analizaron en lo más mínimo la ley y que no comprenden sus alcances.

– El procedimiento legislativo fue lo contrario a lo que se enseña como legal, democrático y plural en las escuelas.

– Es fácil para los gobernantes ser solidarios con la plata ajena.

(*) Gustavo Blanc fue secretario general de la seccional Uruguay de la Asociación Gremial del Magisterio de Entre Ríos (Agmer); actualmente es congresal.