El escrito, firmado por la Asociación Gremial del Magisterio de Entre Ríos (Agmer), la Asociación del Magisterio de Enseñanza Técnica (Amet), la Unión Docentes Argentinos (UDA) y la Asociación Trabajadores del Estado (ATE), ingresó en el Juzgado de Famila N° 3, a cargo de María Eleonora Murga.

Marcelo Pagani, titular de Agmer, dijo que la Ley de Emergencia “avanza” sobre el artículo 14 de la Constitución Nacional, y del artículo 82 de la Constitución de Entre Ríos, pero también, aseguró, violenta la Ley de Paritarias.

“Buscamos que esta ley sea declarada inconstitucional y no tenga vigencia porque vemos que los derechos adquiridos de los trabajadores han sido avasallados”, planteó Pagani.

Durante una rueda de prensa virtual de los cuatro sindicatos que se desarrolló este lunes, el titular de Agmer dijo que la Emergencia pasa por encima de la Ley N° 9.624 de Paritaria Docente, ya que modifica, de forma unilateral, acuerdos firmados, y se recortan salarios a los activos, del 2% en adelante, y de los pasivos, con una base del 4%.

Por eso, aseguró, “aspiramos a que la la cautelar innovativa que presentamos tenga respuesta durante esta semana en primera instancia, lo que nos permitirá suspender los efectos de la ley hasta tanto haya resolución en la cuestión fondo”.

Oscar Muntes, secretario general de ATE, manifestó que la sanción de la Ley de Emergencia “fue sorpresiva para nosotros”. Si bien dijo reconocer la situación de emergencia sanitaria que vive el país y la Provincia, “pero los trabajadores no podemos seguir perdiendo”.

“Nos preocupa el momento y la forma de esta ley exprés”, afirmó. Y dijo que “nos vimos obligados a presentarnos en la Justicia”.

Los gremios aguardan que la Justicia haga lugar a la cautelar y suspenda la aplicación de los recortes salariales contenidos en la Ley de Emergencia en los artículos 4, 5 y 6, mientras se tramita el planteo de fondo por inconstitucionalidad de la norma.

La ley fija en el artículo 4° que para sostener el sistema previsional los aportes personales se calculará “sobre el total de la remuneración liquidada al personal en actividad según el siguiente esquema:

Salario nominal: a) hasta $75 mil, 16% de aportes personales; b) desde $75.001 a $100 mil, aportes personales del 18%; c) desde $100.001 a $200 mil aportarán el 20%); d) desde $200.001 en adelante aportarán el 22%.

Hoy, según la Ley Previsional N° 8.732, el aporte personal a la Caja de Jubilaciones es del 16%, e igual porcentaje es el aporte del Estado como empleador, con lo cual la suba propuesta sobre los salarios produce quitas que van del 2% al 4%.

En cambio, se mantiene el aporte jubilatorio para el personal de la Policía, que es del 18%, según el Reglamento General de la fuerza, según la Ley N° 5.654, del año 1974, en tanto los haberes de los efectivos policiales no supere los $100 mil. Por encima de ese monto, se aplicará el mismo esquema que para el resto de la Administración: desde $100.001 a $200 mil aportarán el 20%); y desde $200.001 en adelante aportarán el 22%.

Igual criterio que el de la Policía se aplicará para el personal del Servicio Penitenciario de Entre Ríos, cuyo regimen está comprendido en la Ley N° 5.797.En el punto 6 del proyecto de Bordet se establece los porcentajes de los aportes “solidarios extraordinarios” para cubrir el déficit de la Caja de Jubilaciones. Serán calculados en forma proporcional al nivel de ingresos, a detraer sobre el monto total nominal liquidado a cada uno de los beneficiarios de la Caja de Jubilaciones y Pensiones de Entre Ríos.

Quienes tengan un salario desde $75.001 a $100 mil aportarán un 4%; desde $100.001 a $200 mil un 6%; desde $200.001 a $300 mil un 8% y desde $300.001 en adelante aportarán un 10%.

Si bien la ley aplica medidas al sector financiero y al campo, la evaluación que hace Agmer es que las cargas son desiguales. «Los números son muy concretos y contundentes, de acuerdo a la ley sancionada por la Legislatura provincial el 64,5 % lo aportan las y los trabajadores, mientras que bancos y financieras el 15,7 % y el sector agropecuario el 7,1 %. Las y los legisladores que aprobaron los artículos 4, 5, 6 del texto citado son, también, claramente responsables de la confiscación salarial de quienes venimos sosteniendo en nuestras espaldas la educación, los comedores escolares y la salud, frente a semejante situación de gravedad social y de haber atentando contra el 82 % móvil de los haberes jubilatorios», señala el sindicato.