POR CECILIA CAMARANO

«A veces nos agarra el apuro por resolver todo ya; hay cosas que salieron más rápido y otras tuvieron prueba y error». Así defendía en declaraciones a la prensa el jefe de Gabinete, Marcos Peña, a la vicepresidenta Gabriela Michetti, envuelta en la investigación por las irregularidades en el dinero de la Fundación SUMA.

Pero la metodología de «prueba y error», usualmente aplicada a la ciencia, fue utilizada en más de una oportunidad por el oficialismo para validar la marcha atrás en varias de sus medidas. Basta recordar las declaraciones del ministro de Energía, Juan José Aranguren, quien reconoció estar «aprendiendo sobre la marcha» ante un Congreso que le exigió explicaciones, cuando anunció el primer aumento en las tarifas de luz y gas.

Al tiempo, el Gobierno tuvo que ir contra sus propios pasos y frenar las subas a causa de fallos adversos. Pero este no sería el único caso: ART, feriados, designación de jueces por decreto, cálculo de haberes jubilatorios, modificación del Ministerio Público Fiscal, blanqueo, y ratificación en el cargo de Elena Highton de Nolasco, se suman a la lista.
• Jubilaciones

Diputados debatía la reforma de ley de Aseguradoras de Riegos de Trabajo (ART) cuando se filtró en el recinto la noticia: una resolución de ANSES anunciaba una modificación en la fórmula de cálculo de haberes jubilatorios, que derivó en un aumento menor al previsto.

El debate, que ya venía caldeado por las críticas de la oposición al acuerdo entre el Estado y Correo Argentino, se volvió áspero mientras algunos diputados del oficialismo se mostraron sorprendidos por el anuncio, y la propia Elisa Carrió amenazó con dejar Cambiemos si el presidente, Mauricio Macri, no revee la medida.

Fue el presidente del bloque PRO, Nicolás Massot, quien salió a calmar ánimos al tiempo que confirmaba que el proyecto para el pago de deudas a jubilados ingresará el martes a la Cámara baja y comenzará a ser discutido en un plenario de comisiones el jueves.

• Feriados

A través de un Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU), el Gobierno eliminó los feriados «puente», y estableció una mayor cantidad de feriados «movibles», entre ellos los del 24 de marzo, fecha en la que se conmemora el aniversario del último golpe de Estado, y 2 de abril, día de la Soberanía sobre las Islas Malvinas.

Pero las críticas obligaron al Gobierno a revisar la decisión. Organismos de derechos humanos, políticos de la oposición, y referentes sindicales, salieron a cuestionar al oficialismo por la medida, haciendo que finalmente, a través de otro decreto, se volvió a declarar la inamovilidad de ambas fechas.

Según la nueva medida, el Gobierno «desde ningún punto de vista ha buscado desconocer el valor simbólico e histórico» de las efemérides, y que, «por el contrario, fue dictado en la inteligencia de que un buen ejercicio de memoria es el trabajo pedagógico en las escuelas mediante el cual se conmemore con recursos educativos estos hitos históricos».

• ART

Una vez más, la polémica desatada por una medida del Gobierno obligó a dar marcha atrás en una decisión oficial.

El mismo día en que la Comisión Bicameral de Trámite Legislativo (a cargo de revisar DNU) se reunía para analizar validez de decretos de necesidad y urgencia, Macri convocó a sesiones extraordinarias para retomar el tratamiento de la reforma de la ley de Aseguradoras de Riesgos de Trabajo (ART), que ya contaba con media sanción del Senado.

Pero previo a esta decisión, el primer mandatario intentó saltear la instancia parlamentaria, y aprobar la reforma por DNU.

Su llamado a extraordinarias fue considerado un guiño por el Frente Renovador y el Bloque Justicialista, que finalmente le dieron los votos para la aprobación de la reforma.

• Tarifas de luz y gas

Tras las quejas de los usuarios por los aumentos en las tarifas de luz y gas, pero puntualmente, luego de que los gobernadores llevaran el reclamo a la Casa Rosada, y de los amparos judiciales presentados, el ministro de Interior, Rogelio Frigerio, y su par de Energía, Juan José Aranguren, anunciaron un tope de entre 400% y 500% a las subas.

Tras el encuentro, el propio Aranguren admitió que «fue un error» subir las tarifas sin medir las consecuencias.

• Jueces por decreto

A poco de asumir su mandato, una de las primeras medidas de Mauricio Macri fue designar por decreto a los juristas Carlos Rosenkrantz y Horacio Rosatti, como miembros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

Tras la lluvia de cuestionamientos del Congreso, tanto de la oposición como del propio Cambiemos, el primer mandatario activó el procedimiento legal de discusión sobre los pliegos, que establece los plazos para que el Poder Ejecutivo y el Senado reciban apoyos y objeciones hacia los juristas propuestos para la Corte Suprema de Justicia.

• Modificación del Ministerio Público Fiscal

La estrategia oficial para deshacerse de la Procuradora General de la Nación, Alejandra Gils Carbó, generó roces en la interna de Cambiemos. Mientras que el Gobierno, con el ministro de Justicia Germán Garavano, a la cabeza, propuso la Modificación del Ministerio Público Fiscal, para la diputada Elisa Carrió, tenía que hacerse a través de un juicio político.

La reforma se discutió en una sesión especial convocada en el Congreso, donde Carrió llegó a afirmar que el método elegido para desplazar a Gils Carbó del cargo encubría un «acuerdo corporativo» entre el macrismo y el Frente Renovador.

Finalmente, y en una de derrota del oficialismo en el Congreso, el proyecto no tuvo consenso luego de que el massismo se desligara de la iniciativa, y no diera los votos a Cambiemos.

• Blanqueo

La exclusión de los familiares de funcionarios de la ley de blanqueo de capitales fue uno de los acuerdos que necesitó Cambiemos para aprobar el proyecto en el Congreso.

Sin embargo, el Gobierno aprobó por decreto que «los sujetos comprendidos en el Artículo 83 de la Ley 27.260 (es decir los cónyuges, los padres y los hijos menores emancipados de funcionarios) podrán efectuar la declaración (…) exclusivamente respecto de los bienes que acrediten se encontraban incorporados en su patrimonio con anterioridad a la fecha en que los sujetos (los funcionarios públicos) hubieran asumido los respectivos cargos», dando marcha atrás en su postura inicial.

No obstante, en su artículo 85, la ley de blanqueo abría la posibilidad de penar con prisión a periodistas que difundan información de quienes hicieran uso de ese beneficio.

Al ser increpado en el brindis por el Día del Periodista que se celebró en Casa Rosada el año pasado, el Presidente tuvo que explicar que «no es el espíritu del Gobierno cercenar la libertad de expresión», y prometer su revisión.

• Elena Highton de Nolasco

La jueza Elena Highton de Nolasco presentó a fines de 2016 una acción de amparo temprana para que quede sin efecto la cláusula que la inhabilita de continuar en el cargo cuando cumpla 75 años.

En este marco, el Ministerio de Justicia había presentó un escrito en rechazo, pero el juez Enrique Lavié Pico hizo lugar al amparo de la magistrada, y tras el fallo adverso, el Gobierno decidió no apelar.

Publicado en Diario Ámbito Financiero.