Luego de 49 intensas audiencias hoy se pudo dar la última en la que los acusados hicieron en su mayoría uso del derecho a manifestar su opinión personal no jurídica sobre la acusación y el proceso.

Estuvieron presentes en forma virtual el gobernador mandato cumplido y el empresario German Bulla, desde la ciudad de Buenos Aires, el resto de todos los citados estuvieron presentes en la audiencia y en su mayoría hicieron uso de la palabra.

Urribarri hizo una extensa alocución política, dejando en claro que entiende que este proceso judicial no es más que una forma del denominado loeffler por el que se judicializan las decisiones de gobierno y junto al escrache mediático se produce una condena social con fines políticos y no jurídicos, en igual sentido el ex ministro de cultura Pedro Báez hablo de persecución judicial a la política, expreso el dolor que causan la familia este tipo de maniobras y recordó el fallecimiento de su padre.

A su turno la gran mayoría del resto de los imputados muchos de esos empleados administrativos, tuvieron palabras muy emotivas describiendo el dolor y la vergüenza que este tipo de procesos sin prueba pero con mucha repercusión pública causan en el seno familiar y en la persona de cada uno de los injustamente atacados.

A lo largo del proceso no solo quedó clara la parcialidad y arbitrariedad con que se movió la fiscal Goyeneche. Quedó muy clara también la postura de todos los abogados defensores respecto de que los actos de gobierno que se judicializaron no fueron más que eso, y que contaron con los controles de los organismos constitucionales y legales, siendo en su totalidad aprobados, con lo que claramente se espera un sobreseimiento de una causa que tuvo mucho más ruido qué pruebas.

Los fiscales por su parte centran acusación en elementos muy poco directos y convincentes, qué en el fondo presuponen situaciones que pudieron haber pasado pero que de ninguna manera constituyen prueba ineludible de la comisión de un delito. Cabe recordar que la condena de una persona, a la que la Constitución le otorga el principio de inocencia, solo puede producirse cuando haya plena prueba indudable que demuestre la culpabilidad. Obviamente que una muy deficiente investigación y la búsqueda de protagonismo antes que de pruebas producen al erario público un dispendio económico y judicial excesivamente repudiable, pero más grave aún producen gravísima secuelas en las personas y familias de los falsamente acusados que lamentablemente (es muy posible que tengamos que pagar vía indemnización todos los entrerrianos) es por esto que desde esta página entendemos que es absolutamente imprescindible una reforma seria e independiente de la justicia como la que con gran iluminación comprometió en su último discurso el actual gobernador Gustavo Bordet.