23 marzo, 2022 12:28


Una denuncia de abuso sexual, dos informes psicológicos opuestos y un debate judicial entre profesionales que determinará el futuro de un padre, su hija y la cárcel

La historia comienza en el 2019 con la denuncia de un presunto abuso sexual a una menor de 4 años, siendo el padre el posible abusador y a quien se le impidió desde ese momento el contacto con la hija. En el marco del proceso investigativo, la psicóloga Adriana Echeverriborda comentó que evaluó al demandado en varias oportunidades y a través de diferentes entrevistas psicológicas, que la llevaron a formular un diagnóstico detallado en el que sostiene que el joven «no presenta rasgos de personalidad psicopática, ni indicadores de simulación, disimulación o hipersimulación”. Un año después, en el 2020 la justicia establece que el acusado sea entrevistado por el Psiquiatra del Juzgado, Julio Curotto, e inicia aquí el debate: El profesional presenta un diagnóstico completamente diferente al de la psicóloga, en el que afirma que la conducta del joven «sí está dentro de las características del trastorno antisocial, psicopatía o trastorno de la moral». Ahora, en el 2022, la justicia citó a ambos profesionales a un debate judicial en Tribunales donde cada uno deberá defender su informe frente a un fiscal, el representante del ministerio público Pupilar, la defensa del acusado y un Juez, cuya resolución determinará en gran medida la culpabilidad o inocencia del acusado, si continúa o no la privación de contacto con la menor, e incluso, la pena de cárcel. 

En principio, vale remarcar la necesidad de asistir y profundizar en estos debates para ver cómo funcionan los equipos interdisciplinarios en general, qué tan comprometidos son con las causas que se investigan, qué informes hacen y por qué, teniendo en cuenta siempre la premisa de que cuanto más se conozca e informe de cómo funciona la justicia, más legitimidad tendrá. 

Un sujeto, dos diagnósticos  psicológicos 

La próxima semana se realizará en los Tribunales de Concordia un debate judicial entre dos profesionales de la psicología, que debatirán los argumentos de sus diagnósticos completamente opuestos acerca de la personalidad de un hombre que enfrenta desde hace tres años una denuncia por abuso sexual a una menor, de entonces 4 años y con quien todavía no se le permite tener contacto. El encuentro se realizará con presencia del abogado del acusado, el fiscal, el representantes del Ministerio Pupilar y un juez que definirá qué informe es el correcto y tomará en cuenta para avanzar en el proceso investigativo, para luego dictar sentencia. 

Los hechos

La psicóloga Adriana Echeverriborda contó que el acusado llegó a su consultorio en noviembre del 2019 para ser evaluada su personalidad dentro del ámbito psicológico. «Nosotros no analizamos a la víctima de abuso ni decimos si el presunto abusador cometió el hecho o no, sino que analizamos las características psíquicas del sujeto”, aclaró la licenciada, y amplió: “Nuestros informes deben realizarse con entrevistas y batería de tests psicométricos y proyectivos, que su aplicación y evaluación es incumbencia absoluta de los profesionales Psicólogos”

Un año más tarde la justicia ordena que el psiquiatra judicial, Julio Curotto, entreviste al acusado y establece además que la licenciada Echeverriborda sea veedora de ese encuentro. Allí, y según palabras de ella, «esa entrevista duró 47 minutos exactos, mientras que el examen Psicológico fue realizado en 4 sesiones de 1 hora y media cada uno». Y agrega: «Sin embargo el Doctor Curotto presentó luego un diagnóstico en el que afirma que las características del padre, efectivamente están dentro de los rasgos del trastorno antisocial, psicopatía o trastorno de la moral». 

En consecuencia, Echeverriborda se manifestó en contra de ese dictámen e insistió: «Evalué a esta persona en cuatro oportunidades, de manera exhaustiva y con diferentes métodos de análisis, y el informe que presenté ante la Justicia argumenta y sostiene que sus rasgos no corresponden con una personalidad psicopática o sociópata». Y añadió: «además de cada aspecto evaluado, para el diagnóstico de este trastorno es necesario que el individuo tenga un historial de trastornos de la conducta antes de los 15 años de edad e implique muchos aspectos de su vida desde la adolescencia a la madurez, aunque también hay elementos presentes durante la primera infancia. Aspectos que, a mi entender, no fueron tenidos en cuenta para determinar el diagnóstico dado»

Ante la gravedad del caso, la justicia decidió entonces citar a ambos profesionales la próxima semana en Tribunales para hacer una debate judicial con intervención de un magistrado, el representante legal del padre, el fiscal y un representante del Ministerio Pupilar, a fin de determinar efectivamente qué diagnóstico corresponde al individuo acusado, avanzar en la investigación y dictar una sentencia que podría terminar en la revinculación de la menor con su progenitor – con todo el riesgo que ello implica si el dictámen no es el certero – o con la privación de  libertad para el hombre. 

Vale aclarar que durante estos tres años y a pesar del informe inicial de la psicóloga, el padre igual estuvo impedido de ver a su hija, que es lo que resuelve la justicia siempre en primer instancia para proteger a la víctima. 

«Creo que este debate es necesario para dejar un precedente de esas situaciones en el que se le impide a cualquier progenitor – sea madre o padre – el contacto con un menor por un diagnóstico que, a mi entender, no es certero. He tenido varios casos en los que si hay rasgos evidentes de personalidades psicopáticas, pero hay otros que no. Y si bien es extremadamente grave el daño que se le puede hacer a un padre, es peor aún para un niño. La acusación falsa y el consecuente alejamiento de uno de sus progenitores por un diagnóstico, a mi entender, hecho a la ligera, es un daño injusto e irreparable para cualquiera de los involucrados», remarcó. 

Y concluyó: «los letrados respetan y toman las pruebas periciales con la seriedad de cualquier otra prueba, por lo que es un compromiso y una tremenda responsabilidad la que tenemos que poner de manifiesto cada uno de los profesionales que cooperamos con la justicia para que ésta no sea Injusta»

Vale aclarar que este medio dialogó también con el doctor Curotto sobre el artículo, pero el profesional prefirió guardar confidencialidad. 


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