Luego de que la Cámara Federal confirmara el procesamiento de dos funcionarios del gobierno de Entre Ríos, Pablo Palá y Alexis Lesa, por presunta inteligencia ilegal sobre el ex director de Contrainteligencia Antonio Stiuso y la jueza federal Sandra Arroyo Salgado, el gobernador Gustavo Bordet decidió alejar del cargo a Lesa hasta tanto se resuelva su situación procesal.

Vale recordar que ejercía como director de Informática del Gobierno de Entre Ríos. La medida fue tomada por el mandatario tras el análisis que, como corresponde en causas como estas, realizó la Fiscalía de Estado de la imputación.

En el caso de Palá la decisión corresponde al Tribunal de Cuentas, organismo del cual es responsable informático, pero se entiende que adoptaría la misma medida, atento a lo resuelto por el gobernador.

Cabe recordar que el procesamiento que había sido dictado por el juez Julián Ercolini fue confirmado por la Sala II de ese tribunal de alzada integrado por Martín Irurzun y Eduardo Farah. Roberto Boico no firmó por estar de licencia.

Se trata de una parte de la denuncia que formularon la candidata presidencial Patricia Bullrich y la exdiputada Laura Alonso en el 2015 que afirmaba que la AFI conducida por Oscar Parilli se había más de un centenar de políticos, jueces y periodistas con una OB (orden de observación) que significa pinchadura de teléfonos y seguimientos.

La lista entregada por Bullrich y Alonso incluye a los miembros de la Corte Suprema y sus conjueces. Hay jueces y fiscales federales, referentes políticos de casi todas las fuerzas opositoras desde Mauricio Macri y muchos legisladores del PRO hasta varios dirigentes del Partido Obrero, más Lilita Carrió, Sergio Massa y Felipe Solá. Y empresarios como José De Mendiguren o Sebastián Sánchez Sarmiento, de Ausol, además de muchos directivos del Grupo Clarín y sus empresas

Además, figuran decenas de periodistas de medios independientes, incluidos cinco de Clarín: Eduardo Van der Kooy, Daniel Santoro, Ismael Bermúdez, Miguel y Nicolás Wiñazki. También figuran varios ex funcionarios de inteligencia, como Miguel Angel Toma.

Pero Stiuso se presentó como querellante y entregó datos como los ingresos ilegales de la AFI a la base de datos de Migraciones sin orden judiciales para buscarlo.

Luego de años de investigación, la Cámara Federal confirmó estos procesamientos y ordenó a Ercolini profundizar la investigación.