El Gobierno nacional dispuso el cierre de las delegaciones provinciales del Ente Nacional De Comunicaciones (Enacom) a partir del 1 de abril. A raíz de esta medida, se estima que unos 500 trabajadores perderán su fuente laboral, en medio de los despidos masivos de empleados públicos que el presidente Javier Milei viene implementando en el Estado.

En Entre Ríos son al menos 9 los trabajadores que quedarán en la calle: este miércoles a las 8 las 11 personas que se desempeñaban en el lugar se presentarán a trabajar en la sede de calle Illia 193, pero solo a dos se les permitirá el ingreso: se encargarán de hacer la liquidación de inventario patrimonial y las tareas que conlleven el cierre de la delegación.

Se presentarán junto a un escribano para que quede plasmado que la Policía Federal está custodiando el acceso y que no les permite entrar a sus lugares de trabajo.

Afirman que la notificación que recibieron fue totalmente informal, ya que llegó a través de whassap y en ella también se detallan los nombres de las dos personas que van a hacer el inventario.

Las 11 personas que se desempeñaban en el lugar hasta el miércoles tienen entre 10 y 20 años de antigüedad en el organismo y/o en los que lo antecedieron (Comfer, Afsca).

A Juan Murga, quien fue delegado hasta el mes pasado, lo despidieron hace unos 20 días: “Tenía un contrato eventual y no me lo renovaron”.

“Es una medida centralista y quienes la tomaron desconocen la importante función que cumple el organismo: defendemos a los usuarios de los abusos de las empresas de cable e internet, trabajamos en la conectividad de decenas de barrios populares, entregamos más de 100 licencias de radio en la provincia para regularizar el espectro, etc”, sostuvo en declaraciones a esta Agencia.

Por último cuestionó la decisión de “poner policías en a puerta” y aseveró: “Son trabajadores, tienen un sentido de pertenencia con el organismo y no son delincuentes”.

“Son perversos los que definieron esto”, enfatizó y lamentó que “haya gente que esté festejando que otra se esté quedando sin trabajo”.

De acuerdo a la resolución, los cierres se efectivizaron el próximo 1 de abril y se establece un «período de transición de 60 días, a fin de atender y reasignar las tareas de control ejecutadas por las citadas delegaciones provinciales».

Según se definió, habrá «una dotación mínima de trabajadores para garantizar las tareas que conlleven el cierre de las delegaciones y la realización de un inventario patrimonial de todo».