Tras el despido de 43 trabajadores efectuado a fines de julio, un grupo de trabajadores en conjunto con el Sindicato de Aguas y Gaseosas, bloquearon la planta para pedir la reincorporación de los trabajadores despedidos.
La empresa argumentó que tuvo que reestructurar personal tras una baja en sus ventas, mientras que el sindicato manifestó que esos despidos se debieron a que los trabajadores se habían cambiado de encuadramiento sindical al pasar del sindicato de la Alimentación al de aguas y gaseosas, y por tal motivo la empresa “tomó represalias”.
Para evitar que el conflicto gremial tuviera una escalada violenta, el Ministerio de Trabajo provincial dictó la conciliación obligatoria en la madrugada del 2 de agosto por 15 días hábiles (venció el viernes 22) y realizó un llamado al diálogo entre las partes, mientras debía reincorporar a los trabajadores despedidos, en la cual ya se le había depositado sus indemnizaciones en las cuentas sueldos.
No obstante ese diálogo nunca pudo darse porque la empresa no asistió a la audiencia de conciliación que se realizó el 7 el agosto pasado en la Dirección de Trabajo local.
El 14 de agosto la cartera laboral notificó a la empresa sobre el cobro de la multa y se le dio cinco días hábiles para que realizara su descargo. El martes 19 de agosto RPB contestó que se mantenía en su postura de no acatar. Finalmente ayer a la mañana el Ministerio hizo efectiva la aplicación de la sanción económica.
En tanto, el secretario gremial de la Federación de Aguas y Gaseosas, Hugo Díaz, adelantó a El Argentino que este martes se reunirán los abogados del Sindicato de Alimentación y Aguas y Gaseosos con los trabajadores despedidos, para definir posibles acciones de protesta frente a la planta, medidas que podrían replicarse la semana que viene, en otras plantas que RPB tiene en el país.